Procedimiento de reembolso del capital de un préstamo, distribuido en un período de tiempo dado.
Representación desmaterializada de valores establecida por la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, por la cual los mismos se expresan a través de anotaciones en cuenta mediante la inscripción en el sistema de registro de una Entidad de Depósito de Valores.
Empresa de servicios financieros complementarios constituida como sociedad anónima o de responsabilidad limitada, con especialización en el almacenaje, guarda, conservación y custodia transitoria de mercaderías o productos de propiedad de terceros, autorizada para emitir certificados de depósito y bonos de prenda, que se pueden constituir en garantía.
Persona pública, comúnmente conocida o que informe su íntima asociación a la persona definida como PEP, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona. En ese contexto son allegados de un PEP:
En esta categoría se consideran a los familiares directos y cualquier persona con la que mantenga relaciones de afinidad permanente o de hecho, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de los vínculos de adopción.
Socio comercial, de negocios, o persona jurídica en la que un PEP goce de una posición de control administrativo, accionario o un interés económico.
iii. Estrechos Colaboradores de un PEP.
Personas a las que, sin ser funcionarios de alta jerarquía, se les conoce comúnmente una relación o vinculación estrecha con un PEP, incluyendo a los que están en posición de conducir transacciones financieras significativas en el país y/o en el extranjero para beneficio de éste, o cualquier persona de la cual se conozca que mantiene una relación cercana de amistad y confianza con un PEP.
Diferentes medidas de la oferta monetaria que incluye, según la definición que se adopte, billetes y monedas más depósitos a la vista, depósitos en caja de ahorro, y a plazo, y otros (cheques, títulos públicos en poder de privados). Estos agregados se diferencian, en el caso de Bolivia, según incluyan o no, depósitos en moneda extranjera.
Ingresos que no se gastan en el consumo presente, sino que es conservado para el uso futuro, mayoritariamente depositado en entidades del sistema financiero o en el Banco Central de Bolivia a través de títulos de colocación directa.
Punto de atención financiera, que realiza sus operaciones o presta sus servicios, al interior de un vehículo blindado y que funcionalmente depende de una sucursal o directamente de su oficina central, en este último caso debe constituirse en un centro de información contable independiente. La agencia móvil puede realizar todas las operaciones y servicios autorizados a la entidad supervisada.
Persona natural vinculada a una entidad aseguradora mediante un contrato y registrada en la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros que se dedica a la intermediación y a la gestión comercial de contratos de seguros.
Sociedad anónima de objeto social único y exclusivo dedicada a la intermediación y transferencia de valores y otras actividades, conforme lo establecido por la Ley del Mercado de Valores y demás normas vigentes, que incluyan en su denominación la expresión de “Agencia de bolsa”.
Punto de atención financiera ubicado en un local fijo y que depende funcionalmente de una sucursal o directamente de su oficina central; en este último caso debe constituirse en un centro de información contable independiente.
Punto de atención financiera urbana o rural que funcionalmente depende de una sucursal o directamente de la oficina central de una entidad de intermediación financiera.
Sociedad anónima de objeto exclusivo, autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para calificar riesgos en el mercado de valores, conforme a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo.
Es el Banco Central de Bolivia (BCB) o la entidad de intermediación financiera (EIF), que actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MNUFV. Cuando se trate de una EIF distinta al BCB, ésta será seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB mediante resolución expresa.
Es la institución financiera extranjera que actúa como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MVDOL, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB mediante resolución expresa.
Es el Banco Central de Bolivia (BCB) o la entidad de intermediación financiera (EIF), que actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MNUFV. Cuando se trate de una EIF distinta al BCB, ésta será seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB mediante resolución expresa.
Es la institución financiera extranjera que actúa como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MVDOL, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB mediante resolución expresa.
Activo generador de ingresos.
Proceso de creación de las monedas, a través del cual se imprime y sella una pieza de metal por medio de un cuño o troquel para que lleve inscritas determinadas características como el valor y el país emisor.
Institución financiera extranjera que actúa como Administrador Delegado en la administración del Fondo RALME, seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB mediante resolución expresa.
Activos permanentes de la persona natural o jurídica, constituidos por bienes muebles, inmuebles y/o intangibles.
Activos que no generan ingresos.
Activo de fácil conversión a efectivo, tales como disponibilidades e inversiones financieras negociables en el mercado.
Activo líquido a la fecha de cierre, o convertible en dinero dentro de los doce meses. Está constituido principalmente por disponibilidades, cuentas por cobrar, etc.
Activos disponibles en el exterior. En el caso de las estadísticas monetarias y externas, comprende todas las categorías de activos, tales como tenencias de moneda extranjera, depósitos, valores, préstamos, derivados financieros y otros activos, frente a no residentes. Los movimientos de los activos externos nos indican el impacto monetario de las transacciones de las sociedades financieras hacia el resto del mundo.
Es la principal actividad que genera la fuente de repago del crédito.
Actividad efectuada por personas naturales o jurídicas, que sin previa autorización de ASFI realizan con carácter masivo y habitual actos propios de las entidades de intermediación financiera y/o de servicios financieros complementarios, así como la difusión de publicidad de actividades reservadas para las entidades financieras.
Bienes, derechos y acciones de una persona natural o jurídica.
Comprende la otorgación de coberturas y la asunción de riesgos de personas naturales o jurídicas, incluyendo las propias entidades aseguradoras y de todo otro servicio que implique cubrir riesgos y el prepago de servicios de índole similar al seguro.
Intermediación de recursos, a favor de entidades de intermediación financiera y de asociaciones o fundaciones de carácter financiero.
Instrumento de inversión de participación en proporción a lo aportado en la sociedad anónima (capital) que representa la parte alícuota del capital de una sociedad, concediendo a su titular derechos y obligaciones según correspondan a los accionistas, en directa proporción al monto de su inversión.
Persona natural o jurídica que en una transacción entrega dinero, mercancías, derechos o bienes de cualquier clase o presta un servicio recibiendo a cambio una promesa de pago futuro, razón por la cual tiene derecho para exigir el cumplimiento de la obligación.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), es la entidad descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las autoridades de supervisión; investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia; y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar dichos delitos.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) tiene como función supervisar, fiscalizar, controlar y regular a las personas naturales y jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la Seguridad Social de Largo Plazo y del Mercado de Seguros, resguardando los derechos de los asegurados y beneficiarios, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes e informando a la sociedad en materia de pensiones y seguros.
Son funciones, objetivos y atribuciones de la APS los siguientes:
a) Velar por la seguridad, solvencia y liquidez de las entidades aseguradoras, reaseguradoras, entidades de prepago, intermediarias y auxiliares del seguro.
b) Informar periódicamente a la opinión pública sobre las actividades del sector y de la propia Autoridad.
c) Proteger a los asegurados, tomadores y beneficiarios de seguros.
d) Velar por la publicidad adecuada y transparencia de las operaciones en el mercado de seguros.
e) Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas y objetivos.
f) Otorgar, modificar y revocar las autorizaciones de funcionamiento y los registros de las personas sujetas a su jurisdicción, de acuerdo a la ley y sus reglamentos.
g) Autorizar el funcionamiento, fusión y modificación de estatutos de las entidades bajo su jurisdicción.
h) Supervisar, inspeccionar y sancionar a las entidades bajo su jurisdicción.
i) Ordenar inspecciones o auditorías, a Entidades y personas bajo su jurisdicción.
j) En caso necesario, disponer la intervención y disolución de Entidades bajo su jurisdicción y en caso necesario, fiscalizar la liquidación voluntaria o forzosa de las mismas.
k) Autorizar a las empresas de auditoría habilitadas para el mercado de seguros, así como fijar sus términos de referencia.
l) Llevar una central de riesgos, vinculada con la Asociación Sectorial y la Central de Riesgos del Sistema Bancario.
m) Publicar mensualmente los estados financieros de las entidades bajo su jurisdicción.
n) Proponer normas al Órgano Ejecutivo.
o) Emitir disposiciones operativas para el cumplimiento de la ley y de sus reglamentos.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y sujeta a control social.
La ASFI tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la CPE, la Ley N°393 de Servicios Financieros y los decretos supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo.
Son objetivos de la regulación y supervisión financiera, respecto de los servicios financieros, de manera indicativa y no limitativa, los siguientes:
a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero boliviano.
b) Promover el acceso universal a los servicios financieros.
c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica y satisfagan las necesidades financieras del consumidor financiero.
d) Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado.
e) Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su competencia.
f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas, principalmente la vivienda de interés social para la población de menores ingresos.
g) Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, como un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las entidades supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás condiciones de contratación de servicios financieros que conlleve, a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre una base más informada.
h) Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad.
i) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero.
El Banco Central de Bolivia (BCB) es el ente emisor y está constituido como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, el artículo 327 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.
El artículo 328 de la CPE establece que son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley:
a) Determinar y ejecutar la política monetaria, controlando y regulando la cantidad de dinero que circula en el país, así como el volumen de crédito interno de acuerdo con su programa monetario. Al efecto, emite, coloca o adquiere títulos valores (letras y bonos), realiza otras operaciones de mercado abierto. Asimismo, realiza transacciones en el mercado primario a través de subasta pública o mesa de dinero; y eventualmente en el mercado secundario de acuerdo a la política monetaria. Además, tiene la facultad para establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por las entidades de intermediación financiera.
b) Ejecutar la política cambiaria, normando la conversión del boliviano con relación a las monedas de otros países. Esta política se orienta a mitigar las presiones inflacionarias de origen externo y preservar la estabilidad del sistema financiero. Está facultado para normar las operaciones financieras con el extranjero, realizadas por personas o entidades públicas y privadas.
c) Regular el sistema de pagos, destinado a promover la seguridad y eficiencia de las transacciones.
d) Ejercer en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad monetaria de Bolivia, el boliviano, en forma de billetes y monedas metálicas. En la actualidad ejerce esta función contratando la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las que se emitan con fines conmemorativos o numismáticos. Los billetes y monedas que emite son medios de pago de curso legal en todo el territorio nacional, con poder liberatorio ilimitado. Los billetes deben llevar las firmas del Presidente y del Gerente General del BCB y el número de serie.
e) Administrar las reservas internacionales, las cuales se consideran inembargables y no pueden ser objeto de medidas precautorias, administrativas ni judiciales.
En Bolivia las entidades de intermediación financiera, las empresas de servicios financieros complementarios, los participantes del mercado de valores y las entidades de seguros conforman el sistema financiero, donde además realizan sus actividades las entidades del sistema integral de pensiones; las cuales efectúan sus operaciones o prestan sus servicios en el marco de la normativa y legislación vigente.
a) Las entidades de intermediación financiera captan recursos bajo cualquier modalidad, para su colocación conjunta con el capital de la entidad financiera, en forma de créditos e inversiones propias del giro.
b) Las empresas de servicios financieros complementarios son aquellas que realizan servicios complementarios a la actividad de intermediación financiera, los cuales contemplan a: servicio de arrendamiento financiero, factoraje, almacenaje, guarda y conservación transitoria de bienes o mercaderías ajenas, compensación y liquidación de operaciones, administración y suministro de información de riesgo de crédito y operativo, transporte de dinero y valores, administración de tarjetas electrónicas, cambio de monedas, giros y remesas y servicios financieros a través de dispositivos móviles.
c) Los participantes del mercado de valores son la bolsa de valores, la entidad de depósito de valores y los intermediarios del mercado de valores que son: agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión y sus fondos de inversión, los emisores, las entidades calificadoras de riesgo, las sociedades de titularización y sus patrimonios autónomos.
d) Las entidades de seguros ofrecen seguros al público en general con el objeto de que las personas o empresas estén protegidas ante determinados riesgos. La prestación de este servicio se fundamenta en la valoración de riesgos que realiza la entidad aseguradora ante un posible evento, lo cual se materializa en un contrato, denominado póliza que contiene las condiciones bajo las que operará el seguro, incluida la prima (el precio del seguro).
Las modalidades de seguros que existen en Bolivia son los seguros generales, seguros de fianzas y los seguros de personas. Asimismo, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y los Seguros Previsionales de la Seguridad Social de Largo Plazo (SSO), que se encuentran establecidos en la legislación vigente.
La población debe denunciar a aquellas personas que especulan sobre los precios, ocultan los productos y/o los destinan al contrabando.
En situaciones en las que existe escasez de algunos productos, los bolivianos debemos aumentar la producción y/o el Gobierno debe tomar medidas para aumentar la oferta. De este modo, es posible mantener los mercados abastecidos a precios accesibles.
El Gobierno, sin descuidar los proyectos productivos y sociales, debe mantener su presupuesto bajo control, evitar gastos y endeudamiento excesivos.
d) El BCB debe mantener una cantidad de dinero adecuada respecto a la actividad económica y mantener un tipo de cambio que modere la inflación importada.
El Banco Central debe proveer dinero a la economía, evitando que éste sea excesivo o escaso. La cantidad adecuada de dinero permite que las personas puedan realizar sus pagos, compras y otros sin inconvenientes.
Un tipo de cambio adecuado permite reducir la inflación que proviene del exterior para que no afecte a la inflación interna.
Conducta deseable de la población en un periodo de subida de precios
Es importante que la población busque aquellos lugares donde se venden los productos más baratos; o también puede comprar directamente de los productores. El gobierno tiene programas de abastecimiento de productos básicos a precio justo.
Cuando el precio de algún producto sube, se puede adquirir un producto similar más económico y ser más cuidadoso con el gasto.
Los productores o vendedores que ocultan los productos y especulan sobre los precios de los mismos, provocan desabastecimiento que afecta directamente a toda la población.
No se debe alarmar a la población difundiendo falsos rumores.
La población debe acudir a fuentes de información verídica.
Cuando la inflación es alta, el dinero pierde su poder adquisitivo. Es decir, con la misma cantidad de dinero cada vez compramos menos productos.
Una inflación alta, podría afectar negativamente a la inversión y al crecimiento económico; por tanto, reduciría la generación de nuevos empleos.
Debemos ser muy cuidadosos al distinguir entre aumentos de precios transitorios (momentáneos) de los permanentes (duraderos).
Por ejemplo, las subidas en los precios de algunos alimentos por sequías o inundaciones, factores climáticos que no tienen que ver con las políticas del Gobierno o del Banco Central, son aumentos momentáneos porque cuando finaliza el fenómeno climático se normaliza la oferta de esos productos y los precios bajan.
En cambio, se dice que se trata de un cambio permanente cuando los precios de los productos aumentan en forma persistente.
Un ejemplo al respecto se da cuando la inflación mundial de combustibles aumenta por varios años, con efectos sobre la inflación interna.
Las expectativas pueden convertir u n a c a u s a momentánea en permanente. Por ejemplo, si se cree que todos los precios van a subir, comprando o vendiendo más caro, puede hacer que aumenten realmente los precios.
Para que eso no sea así, las autoridades económicas toman las acciones necesarias de manera oportuna, y la población debe contribuir evitando la especulación
Cuando las familias están dispuestas a comprar más productos que los disponibles, pueden generar aumentos en los precios de los productos de la canasta familiar.
La escasez de productos ocasionada por sequías, inundaciones, heladas y otros factores climatológicos, provocan que los precios suban. También la subida de los costos de producción, como los precios más altos de algunos insumos.
Si suben los precios en dólares de los productos que forman parte de nuestra canasta familiar y que los compramos de otros países, subirán también los precios internos.
Cuando surgen rumores de que los precios van a subir, la población puede hacer reales esas subidas. Éstas expectativas originan especulación y los vendedores ocultan los productos generando escasez que eleva los precios. Por su parte, los compradores, debido a esos rumores, pagan precios más altos.
• Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
• Transporte
• Prendas de Vestir y Calzados
• Salud
• Vivienda, Servicios Básicos y Combustible
• Educación
• Comunicaciones
• Muebles, Artículos y Servicios Domésticos
• Recreación y Cultura
• Restaurantes y Hoteles
• Bienes y Servicios Diversos
• Bebidas Alcohólicas y Tabaco
La canasta familiar incluye otros artículos. Pero los alimentos y bebidas no alcohólicas son los más importantes de los 364 productos de la canasta.
Cada mes, muchos encuestadores preguntan en miles de puestos de venta en todo el país los precios de todos los productos de la canasta y con esa información se calcula la variación de precios.
La inflación es el aumento de los precios de la mayor parte de los productos de la canasta familiar (generalizado), mes tras mes (en forma continua).
Son los productos que más consumen las familias, incluyendo alimentos, transporte, vestimenta, salud, educación y otros.
Se preguntó a las familias de todo el país cuáles eran los productos que más consumían
La inflación es el aumento de los precios de la mayor parte de los productos de la canasta familiar (generalizado), mes tras mes (en forma continua).
Son los productos que más consumen las familias, incluyendo alimentos, transporte, vestimenta, salud, educación y otros.
Se preguntó a las familias de todo el país cuáles eran los productos que más consumían.
El Bitcoin es un criptoactivo y no se considera dinero ya que no tiene aceptación por la población. Los criptoactivos, de los cuales el Bitcoin es el más conocido, son emitidos de manera digital y anónima y no existe una autoridad en ninguna parte del mundo que regule su uso.
Esta situación se ha traducido en que los precios de este criptoactivo sean altamente variables y se presten a actividades ilegales como el lavado de dinero.
Por otro lado, en los últimos años los bancos centrales de Suecia y China, principalmente, han iniciado proyectos para estudiar la factibilidad de la creación de monedas digitales con todas las características de las de curso legal, es decir, seguridad, regulación por los bancos centrales y aceptación por el público para realizar pagos por compra de bienes y servicios, efectuar ahorros y fijar precios.
Las ventajas de las monedas digitales son motivo de análisis por parte de distintos organismos multilaterales. Entre estas ventajas se tiene la preservación del señoreaje para los bancos centrales y la significativa reducción de costos de producción de billetes y monedas en los que actualmente incurren estas instituciones.
Por su parte, el público enfrentaría menores riesgos relacionados con el manejo de efectivo y mejoraría su acceso a servicios financieros, lo que daría lugar a una mayor inclusión financiera.
En Bolivia, con el objetivo de precautelar la seguridad del público y del sistema financiero, actualmente está prohibido el uso de criptoactivos. Sin embargo, el BCB viene realizando el seguimiento de los progresos a partir de la experiencia internacional para la creación de monedas digitales.
Existen distintas formas para analizar la competitividad entre países; desde las más simples, como el índice “Big Mac” que compara el precio de una hamburguesa en distintos países, reflejando una mayor competitividad cuando el precio es más bajo; hasta otras más complejas como el tipo de cambio real. Una mayor competitividad implica que una canasta de bienes y servicios producida en Bolivia es más barata que una similar en el extranjero. Sin embargo, esto no necesariamente se alcanza con una devaluación nominal ya que puede derivar en mayor inflación interna tanto para bienes finales como para insumos y maquinarias, restando competitividad nacional. La política cambiaria debe tener en cuenta todos estos efectos que suelen ser más acentuados en economías que son o fueron dolarizadas.
Por esta razón, no es correcto asimilar la competitividad externa de un país con el tipo de cambio nominal o real. La competitividad es un concepto más amplio que incluye aspectos como la infraestructura, acceso a mercados, costos de producción, entre otros.
La depreciación real puede lograrse con depreciaciones nominales de la moneda nacional, pero también con disminuciones de la inflación en Bolivia, apreciaciones de las monedas y/o inflaciones más altas en los países con los que mantenemos comercio. En este sentido, manteniendo el tipo de cambio nominal estable, en 2016 y en lo que va de 2017 el tipo de cambio real multilateral se depreció en 0,4% y 2,8%, respectivamente. En la práctica, desde diciembre de 2015, nuestra moneda se ha depreciado en términos reales respecto a las monedas de los principales socios comerciales de la región; con Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.
Por lo tanto, los impactos positivos de la orientación de la política cambiaria en la economía se lograron a la par de una depreciación real de la moneda nacional, es decir, el costo de una canasta de bienes y servicios bolivianos se abarató en relación a una canasta de bienes y servicios extranjeros.
Las depreciaciones nominales de las monedas afectan a la inflación de manera directa e indirecta: en el primer caso, los precios en moneda nacional de los bienes importados (y otros indexados, como el valor de las casas) están estrechamente ligados al tipo de cambio. Indirectamente, otros precios de bienes o servicios nacionales pueden incrementarse por el encarecimiento de insumos, tales como las materias primas y maquinarias importadas; además los precios de bienes y servicios que no tienen ninguna vinculación con el tipo de cambio pueden experimentar incrementos por parte de los productores y/o comerciantes para compensar el efecto que les implica el alza de otros precios en sus ingresos reales. En este sentido, la política cambiaria de los últimos años ayudó a la estabilidad de los precios.
Para una mejor comprensión de la importancia del tipo de cambio como instrumento de la política económica, es necesario distinguir entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real.
El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda extranjera, por ejemplo dólar, en términos de la moneda nacional, es decir, cuantos bolivianos necesito para comprar un dólar estadounidense.
Mientras que el tipo de cambio real mide el precio relativo de dos canastas de bienes y servicios de dos económicas diferentes, refleja cuantas unidades de un bien nacional son necesarias para obtener un bien extranjero.
Un incremento del precio del dólar estadounidense en términos del boliviano se denomina depreciación nominal. Por su parte, una depreciación real (incremento del tipo de cambio real) puede ser interpretada como una disminución de precios de una canasta de bienes y servicios producidos en Bolivia en relación a una canasta de bienes y servicios extranjeros.
Esto se podría lograr con una depreciación nominal, una disminución de precios en Bolivia (por ejemplo por menores costos de producción) o mayores precios en el extranjero (inflación extranjera).
A partir de 2006 se logra revalorizar el boliviano (o a la moneda nacional) frente al dólar. Con esta política se evitó el incremento de precios que se originan en las devaluaciones, por otro lado se fortaleció la confianza en nuestra moneda y, por tanto, se incrementó la efectividad de las políticas económicas.
Recordemos que antes de 2006 vivíamos en constantes depreciaciones de nuestra moneda frente al dólar, la economía estaba dolarizada, las devaluaciones tenían un fuerte impacto en los precios y afectaban la capacidad de pago de los deudores; además, se necesitaba la moneda extranjera para implementar cualquier política económica, por lo que tenían una efectividad muy limitada.
Los resultados alcanzados en Bolivia en los últimos años son contrarios a lo acontecido en varios países de América del Sur, que sufrieron una elevada depreciación de sus monedas, lo que hizo aumentar sus precios internos. Para controlar la inflación, los bancos centrales adoptaron políticas contractivas caracterizadas por incrementos de sus tasas de interés, lo que implicó una desaceleración de sus economías y en algunos casos sufrieron contracciones. Posteriormente, apreciaron sus monedas retornando al punto de partida; sin embargo, los efectos contractivos en sus economías permanecieron.
En Bolivia, la estabilidad cambiaria de los últimos años logró sus objetivos, contribuyendo al control de la inflación y, por tanto, al sostenimiento de políticas expansivas, profundizando el uso de la moneda nacional, manteniendo la estabilidad económica; y principalmente la solidez del sistema financiero, logrando efectos expansivos y redistributivos positivos al mantener el poder de compra de los bolivianos. La orientación del tipo de cambio no afectó la competitividad de nuestra moneda.
Además, puesto que en los últimos meses las monedas de nuestros socios comerciales se están apreciando, el tipo de cambio real se mantiene alineado a su valor de equilibrio y, actualmente, no existen presiones para depreciar nuestra moneda. En este sentido, la política cambiaria respondió a los fundamentos económicos del país y está respaldada por las fortalezas externas. En efecto, las Reservas Internacionales y otros activos externos en términos del PIB continúan siendo de los más altos de la región
Muy a menudo los técnicos y decisores de las administraciones reciben informaciones parciales o interesadas (provenientes de proveedores de servicios o de tecnologías) en relación a medidas y “soluciones” para abordar la logística urbana. La Guía de Buenas Prácticas que se propone se basa en los siguientes principios:
Las experiencias se describen detallando sus ventajas e inconvenientes y a qué tipo de problemas están destinadas.
Se explica claramente cuáles son las debilidades, riesgos y carencias de las experiencias.
Se trata de aportar claridad respecto a denominaciones, contexto y tipologías de las diferentes experiencias.
Se aportan experiencias del más amplio espectro geográfico posible. Asimismo, provenientes de ciudades con tamaños y características diversas. Siempre que sea posible se mencionaran referentes latinoamericanos.
Las experiencias van normalmente acompañadas de enlaces o bibliografía para quien quiera aprender más.
Las políticas públicas sobre Logística Urbana están aún en un estadio incipiente en muchas partes del mundo. Incluso en las ciudades
de países más avanzados, éste es un campo de las políticas urbanas aún poco maduro en relación a muchos otros campos.
Existen numerosas publicaciones y webs que ilustran buenas prácticas en logística urbana, una buena muestra de las cuales están citadas en la bibliografía de este estudio.
Lamentablemente en muchos casos la realidad demuestra lo siguiente:
a. Un gran número de buenas prácticas que se encuentran en la bibliografía existente se refieren a experiencias que han sido discontinuadas por cualquier razón. Muy raramente encontramos estas razones, imprescindibles para valorar los atributos y defectos de la experiencia. No obstante, en muchos de los casos la discontinuación se produce una vez que la subvención a fondo perdido que apoyaba la medida fue interrumpida, lo cual es una muestra de la no viabilidad económica de la iniciativa, algo se debería haber considerado desde su inicio.
b. Raramente la bibliografía sobre buenas prácticas realiza un análisis honesto sobre las ventajas, inconvenientes y costes de las actuaciones. Se tiende normalmente a magnificar las ventajas y se ocultan las desventajas.
c. Muy a menudo las experiencias se sacan de contexto. Aquello que quizás funcionó en una ciudad con unas características y
una problemática muy concreta, no tiene por qué funcionar en otra ciudad con características diferentes.
d. No se explica claramente qué problemas resuelve una medida y cuáles no. Así por ejemplo un sistema de distribución de última milla mediante vehículos a pedal o triciclos eléctricos puede ser útil para crear una distribución más amable y menos contaminante en zonas pequeñas
y a menudo peatonales. Pero difícilmente será escalable al conjunto de una ciudad.
e. Existe una gran confusión sobre conceptos y una profusión de denominaciones diferentes respecto a soluciones parecidas. Así, por ejemplo, palabras como centros de consolidación urbana, microplataformas, entre otras, remiten a instalaciones de características, funciones, titularidad y operativa muy similar en diversas ciudades.
f. Cabe señalar además que existe también muy a menudo una confusión entre el perímetro de las actuaciones públicas y las del sector privado. Así, por ejemplo, las consignas automáticas o los centros concertados para entrega de paquetes derivados del comercio electrónico son innovaciones interesantes y positivas para la reducir operaciones de transporte de última milla inútiles. Pero son innovaciones que se realizan desde la iniciativa privada: las consignas no son públicas, son privadas del operador de paquetería que las instala. En este caso la política pública sería, por ejemplo, favorecer la implantación de este tipo de instalaciones en espacios públicos (p.e. estaciones de transporte público, equipamientos públicos, etc).
En el marco de la estrategia LOGUS, CAF propone a las ciudades de la región un conjunto de instrumentos que se describen sintéticamente en el cuadro siguiente:
Integrales de Logística Urbana recolecten datos primarios de movilidad de cargas, hoy en día mayormente inexistentes en la mayoría de ciudades, y que permitan la preconfiguración de Observatorios de Logística Urbana como herramienta de monitoreo de la movilidad de cargas. Una propuesta de estos datos a obtener se desarrolla en la última sección del Capítulo 9.
El contenido detallado y metodología para un Plan Integral de Logística Urbana se describe en el Capítulo 11.
El Plan Integral supone un proceso más amplio y ambicioso para actuar integralmente en la logística urbana. Como se ha indicado, esta vía es más adecuada para ciudades con un cierto nivel de maduración en la gestión de la logística urbana. Este Plan puede ser independiente o integrarse como un módulo específico en un Plan Integral de Movilidad Urbana. En cualquier caso, es muy recomendable una plena coherencia y una visión global entre la planificación y las estrategias de movilidad de personas y de mercancías.
• “Hoja de Ruta” con un diagnóstico, una evaluación y una propuesta de acciones y proyectos que impulsen la mejora de la logística urbana en la ciudad.
• Pre-identificación de uno o varios proyectos piloto estratégicos para la mejora de la logística urbana en la ciudad.
• La definición de los Términos de Referencia que permitan un avance rápido en el proyecto piloto estratégico identificado, con el apoyo de CAF.
• Fortalecimiento de capacidades de gestión local de la logística urbana, a través de un seminario de capacitación dirigido a técnicos y decisores de la administración local.
El proceso metodológico para la elaboración de las HdRLU se describe en el Capítulo 10.
Diagnosticar la situación de la logística urbana en una ciudad seleccionada, ajustada a sus particularidades, con base en el marco conceptual de la Estrategia LOGUS.
• Identificar y consensuar en un marco participativo las líneas de actuación a corto plazo conjuntamente con los principales stakeholders implicados en la logística urbana de la ciudad.
• Identificar las acciones inmediatas y proyectos de impacto que pueden dinamizar la aplicación de una estrategia en el área de logística urbana.
Los rasgos característicos principales de una HdRLU son los siguientes:
• Es un instrumento de referencia estratégica para el avance en los procesos de la logística urbana. Proporciona, en consecuencia, un marco global y sistémico para encuadrar cada proyecto y actuación tanto en el tiempo como en la totalidad de las dimensiones de la logística urbana.
• Es un documento de síntesis, no excluyente, que parte de las elaboraciones y propuestas previas, aportándolas coherencia y completándolas en una visión multidimensional y sistémica. No son, por lo tanto, elaboraciones “ex novo” que prescinden de todo lo anteriormente desarrollado, y es compatible con el desarrollo paralelo de otros procesos de definición y priorización de proyectos.
• Es una iniciativa participativa: se basa tanto en la coordinación interinstitucional como en la colaboración entre los actores públicos y privados.
• Proporciona un marco de actuaciones priorizado, que permite el avance en un proceso de mejora continua de logística urbana. Es decir, no se queda en análisis y propuestas genéricas, sino que define pasos concretos de avance.
• Es un documento sencillo y comunicable, especialmente concebido para facilitar la participación de todos los actores de la logística urbana, que se presentan con culturas profesionales muy variadas, y para posibilitar la comunicación al público.
• De elaboración relativamente sencilla, rápida y económica, frente a procesos de planeamiento más lentos y costosos.
• Un proceso y documento eminentemente práctico, directo, concebido para facilitar la actuación y posterior monitoreo y reciclaje de la experiencia, en un proceso de mejora continua.
La Hoja de Ruta de Logística Urbana (HdRLU) se propone como una metodología para el avance gradual y progresivo en las políticas y programas de logística urbana.
A partir de un diagnóstico sintético de la situación de la logística en la ciudad, la HdRLU aporta una orientación estratégica de avance gradual y por acciones sucesivas, y propone una agenda de actuaciones a corto y medio plazo para iniciar una dinámica de avance proactivo.
Además, se concibe como un documento muy práctico, directo y de fácil lectura por profesionales y gestores no necesariamente especialistas, que no pretende sustituir a otros documentos de planeamiento más detallados y exhaustivos. Se basa en la síntesis de aportaciones anteriores de diversas fuentes, y en la identificación de los vectores más importantes de avance estratégico en logística urbana.
Estas dos vías, en realidad, no deben contemplarse como incompatibles:
• Una ciudad, por ejemplo, puede decidir empezar a avanzar mediante la “Vía gradual de mejora urbana” (Hoja de Ruta), en la que se definirían distintas actuaciones e intervenciones posteriores, una de las cuales podría ser, perfectamente, la elaboración a medio plazo de un Plan Integral de Logística Urbana (Vía de planificación integral).
• O bien, por el contrario, una ciudad podría abordar de principio la vía de planificación integral (Plan Integral de Logística Urbana), que en sí
mismo incluiría finalmente un Plan de Actuación, es decir, una verdadera “Hoja de Ruta” para el avance gradual en desarrollo de la planificación.
Ambas vías presentan aspectos positivos y limitaciones, de forma que cada ciudad ha de evaluarlas en función de sus condicionantes específicos:
La Estrategia LOGUS propone a las ciudades dos posibles vías de avance para el diagnóstico y la formulación de acciones de avance en la gobernanza de la Logística urbana.
• Hojas de Ruta de Logística Urbana.
• Plan Integral de Logística Urbana.
Las características y alcances de las dos vías se ilustran en el gráfico siguiente:
No obstante, esta Estrategia LOGUS es ampliable y escalable en una doble dirección:
su aplicación es recomendada también en aquellas de estas ciudades que presenten una problemática específica e importante de logística urbana: por ejemplo, ciudades con restricciones especiales (con importantes centros históricos…), con problemática compleja portuaria, o con una estructura urbana altamente condicionada.
si bien todos los lineamientos y líneas de intervención de la Estrategia LOGUS es aplicable a estas grandes áreas, la especial complejidad y diversidad administrativa de las mismas dificulta la aplicación directa de alguno de sus instrumentos metodológicos principales.
Por ello, se recomienda abordar esta aplicación ampliada de una forma escalable y “modular”, abordándose de forma parcial la problemática hasta cubrir la totalidad del ámbito metropolitano.
En este sentido, se recomiendan dos vías de avance de aplicación de la Estrategia LOGUS en las grandes áreas metropolitanas:
� Aplicación local a ámbitos municipales administrativamente integrados dentro de la gran área metropolitana, de una dimensión de 1 a 3 millones de habitantes (generalmente, las ciudades centrales del área).
� Aplicación y desarrollo de un “módulo de logística metropolitana” que afecte a toda el área, y analice e intervenga en las principales dimensiones metropolitanas de la logística: infraestructuras lineales y nodales, corredores, ordenación logística metropolitana, gobernanza logística metropolitana, compatibilización normativa básica, etc.
De esta forma, podría abordarse la logística de estas grandes áreas de forma gradual hasta abordarse la totalidad del ámbito y problemática.
La Estrategia LOGUS ha sido concebida inicialmente para su aplicación a ciudades y áreas metropolitanas de dimensión media, entre 1 y 3 millones de habitantes. Esta dimensión parece adecuada para plantear este avance estratégico en base fundamentalmente a dos motivos:
• En este tamaño se presenta ya, habitualmente, la problemática de logística urbana en toda su variedad y complejidad, y en relación directa con la movilidad integral en la ciudad.
• Y, por otra parte, la dimensión administrativa y problemática es abordable de una forma integral y conjunta, y gestionable mediante procesos de gobernanza asequibles.
Miden el grado de madurez en las políticas de logística urbana y sirven para establecer en cuál de los tres niveles de avance (o en estados intermedios) se encuentra cada ciudad. Estos indicadores se organizan de acuerdo con los lineamientos temáticos y líneas de actuación de la Estrategia LOGUS y permiten por lo tanto también medir en cuáles lineamientos hay un mayor avance y en cuáles menos.
Miden aspectos relativos a la eficiencia, competitividad, así como aspectos sociales de la actividad de la
logística urbana en cada una de las ciudades. Es decir, son indicadores que, de alguna manera, “miran hacia adentro” de esta actividad. Los indicadores de desempeño están mayormente asociados a los objetivos “Productividad” y también “Inclusión” y “Sostenibilidad” de la Estrategia LOGUS.
Miden los aspectos relativos a los impactos sociales, ambientales o de congestión generados por la actividad de la logística urbana. No miden, sólo aspectos negativos sino también positivos, como por ejemplo el peso de la actividad en el tejido económico.
En este caso son indicadores que “miran hacia afuera” de la actividad y su incidencia en el entorno. La descripción de los indicadores y la metodología de cálculo se describen con detalle en el capítulo 9.
La relación de los indicadores respecto a los objetivos de la estrategia LOGUS se ilustra en el cuadro siguiente:
Con estos condicionantes se ha optado por un número reducido de indicadores.
Se ha buscado indicadores para los cuales la información primaria necesaria estuviera disponible para la mayoría de las ciudades de la región o, incluso, que se pudiera obtener mediante fuentes de información libres o mediante encuestas a muestras pequeñas, con un coste de elaboración discreto y sobre aspectos que se pudiera razonablemente pensar que las respuestas obtenidas serían significativas.
Se han querido tocar todos los aspectos, especialmente de impacto como sociales, ambientales, congestión etc. asociados a la logística urbana, aun sabiendo que las posibilidades de disponer de información en algún caso (p.e. en el ambiental), podrían ser reducidas.
Se trata de indicadores que permiten diagnóstico, e incluso un autodiagnóstico, rápido y fácil por parte de los responsables municipales, aún a riesgo de que éste pueda ser parcial o incompleto.
Las tres familias indicad ores propuestos son:
La obtención de datos e indicadores para identificar, planificar y monitorizar la logística urbana es un reto al que se han enfrentado numerosos equipos de investigación y proyectos de cooperación entre ciudades y universidades. Al contrario de la movilidad de personas donde existen amplios consensos científicos sobre metodologías, magnitudes y métodos de cálculo, en la movilidad de cargas estos consensos no existen. Esta situación se percibe aún con mayor gravedad en América Latina donde la atención académica y gubernamental por la logística urbana es más reciente y existen menos estudios sobre este campo.
En este contexto, en la preparación de la Estrategia LOGUS se ha realizado un benchmark internacional de sistemas de indicadores que llegaba a las siguientes conclusiones:
• Existe una amplia variedad de temas analizados y de mediciones propuestas pero ningún consenso en la materia.
No existe ningún observatorio que se haya mantenido de manera sistemática en el tiempo.
• Hay grandes problemas para obtener información primaria fiable y sistemática debido a una multitud de factores: su carácter privado y no
regulado, diversidad de agentes o escasa atención prestada a la logística urbana por parte de las autoridades municipales.
• La escala territorial de la logística urbana no encaja normalmente con los perímetros administrativos de las jurisdicciones municipales.
Cuando existe alguna información es a menudo referida a ámbitos geográficos superiores al urbano.
• Muy a menudo las estadísticas disponibles no permiten desglosar los usos para viajeros de los usos de carga en el caso de camiones ligeros, camionetas, y, cada vez más a menudo las motocicletas, todos ellos vehículos habituales en las operaciones de logística urbana. Normalmente sólo vienen desglosados los camiones pesados.
Cabe subrayar que los grados de madurez descritos no dependen únicamente de la voluntad o de la sensibilidad de las administraciones en cada ciudad en concreto, sino en una gran medida otros factores como el nivel de desarrollo y sofisticación del sector logístico autóctono o de la penetración de los nuevos canales de distribución comercial, la compra por internet, las plataformas colaborativas, etc.
Esta definición de niveles posibilita:
A) Establecer un diagnóstico de partida del nivel de maduración de la logística urbana en una ciudad.
B) Definir que la actuación en unos ejes determinados facilitaría una estrategia de progresión en dicha maduración, por ejemplo, pasando de un Nivel 1 alto a un Nivel 2.
Le determinación precisa del Nivel de Progreso de una ciudad concreta se obtiene con la aplicación del sistema de indicadores de gobernanza definidos en el capítulo 9 y que se establecen en función del nivel de desarrollo de las líneas estratégicas y vectores de actuación de la estrategia LOGUS.
El bagaje acumulado en diversas partes del mundo muestra una lógica de evolución en las políticas de logística urbana. En una primera etapa son habituales las respuestas estrictamente regulatorias y con un enfoque fundamentalmente restrictivo. En pocos casos son resultado de procesos de diálogo y negociación con los diversos actores implicados.
Progresivamente la visión de la administración es más amplia, incluye otros resortes no estrictamente normativos, la regulación se hace más afinada y es fruto de procesos participativos más o menos formalizados.
Finalmente, y como se ha apuntado anteriormente, el enfoque más avanzado en la gobernanza de la logística urbana integra la logística urbana en la planificación de la ciudad, institucionaliza marcos colaborativos con los diferentes actores y establece procesos de mejora continua y de acompañamiento de los cambios estructurales necesarios, especialmente en clave medioambiental. Estos tres niveles de avance se ilustran sintéticamente en la figura siguiente.
La siguiente tabla incluye una valoración de las contribuciones de cada lineamiento estratégico de la Tabla anterior a los objetivos generales de
la estrategia. Esta tabla habrá de ser aplicada y particularizada en cada ciudad y Hoja de Ruta a las especificidades de cada caso.
En esta elaboración de las aportaciones de los lineamientos, se ha adoptado una escala de valoración sencilla, de 1 a 4:
