Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, declaró recientemente “amo a Estados Unidos”. Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs, señaló en un artículo de opinión que “invertir en Estados Unidos sigue produciendo los mejores dividendos”. Pero, seguro que no adivina quiénes están detrás de la reciente oleada de adquisiciones con las cuales grandes corporaciones estadounidenses han renunciado a su ciudadanía para obtener tasas de impuestos más bajas. Los bancos de Wall Street, por supuesto, encabezados por JPMorgan Chase y Goldman Sachs.
Se calcula que los bancos de inversión han cobrado, o están por cobrar muy pronto, cerca de mil millones de dólares en honorarios a lo largo de los últimos tres años asesorando y convenciendo a empresas estadounidenses de que trasladen al extranjero el domicilio de sus oficinas centrales (sin trasladarse realmente). Con honorarios multimillonarios para quien los quiera, los banqueros de Wall Street -y los abogados, asesores y contadores- han estado promoviendo esos acuerdos, llamados de inversión dividida, entre algunas de las compañías más grandes del país, como la gigantesca farmacéutica Pfizer.
Obama en contra
El presidente Barack Obama ha criticado este tipo de transacciones, diciendo que las compañías que participan en ellas son ‘desertoras corporativas’. Ha propuesto que se legisle y el senador Carl Levin, demócrata por Michigan que preside el subcomité permanente de investigaciones del Senado, ha planteado poner trabas para que una compañía renuncie a su ciudadanía -y a su declaración de impuestos- fusionándose con un pequeño competidor extranjero.
¿Cómo podríamos llamar a los bancos que facilitan estas operaciones? ¿Qué le parece conjurados corporativos?
En acuerdos ya realizados o pendientes, se calcula que Goldman Sachs ha ganado 203 millones de dólares asesorando acuerdos de inversión dividida desde 2011, según la Unidad de Inteligencia de Acuerdos de Thomson Reuters. JPMorgan va a cobrar 185 millones, mientras que Morgan Stanley ganará 98 millones y Citigroup, 72 millones de dólares.
Ninguno de los grandes bancos de Wall Street, que recibieron ayuda de los contribuyentes estadounidenses en forma de miles de millones de dólares en préstamos, parecen haber rechazado en principio asumir la asignación de un cliente que trata de trasladar al extranjero la ciudadanía de su empresa. Todos los banqueros con quienes nos comunicamos se negaron a hacer comentarios al respecto.
Quizá lo más inquietante sea que muchos bancos de Wall Street estén promoviendo activamente estas transacciones entre las grandes corporaciones, advirtiendo que hay que llevar a cabo estos acuerdos antes de que el Gobierno trate de bloquearlos. Las propuestas del presidente Obama y el senador Levin, ninguna de las cuales parece tener mucho apoyo, tratan de impedir los acuerdos de inversión dividida de manera retroactiva. Se espera que esos acuerdos drenen la Tesorería de Estados Unidos de 19.460 millones de dólares en el curso de los próximos diez años, según el Comité Conjunto de Gravámenes. Esa cifra no toma en cuenta inversiones divididas futuras ni la posible pérdida de empleos y de ingresos que, evidentemente, se trasladarán al extranjero con el tiempo.
Por supuesto, en privado, los banqueros señalan que no hay nada ilegal en los acuerdos de inversión dividida. “Esto le va a parecer cínico pero, por más que yo deteste este tipo de acuerdos y sus implicaciones para nuestro país, si no lo hago yo, mi competidor de enfrente va a estar feliz de hacerlo”, me comentó un banquero de alta posición.
En una rueda de prensa, a Dimon se le preguntó sobre los acuerdos de inversión dividida. ¿Cuál fue su respuesta? “Ustedes quieren tener el poder de decidir ir a Walmart por los precios más bajos. También las compañías deberían poder tomar esa decisión.”
La posición de Dimon es complicada. Él y los demás directores ejecutivos de Wall Street han estado trabajando los últimos años para demostrar su compromiso con EEUU, tratando de reconstruir la confianza después de la crisis financiera.
Por ejemplo, JPMorgan recientemente anunció planes de invertir $us 100 millones en Detroit en los próximos cinco años. La empresa también adoptó un programa para contratar en el banco a veteranos de las fuerzas armadas cuando regresen del servicio. Y aun así, el trabajo de JPMorgan en acuerdos de inversión dividida contradice los esfuerzos de la firma por servir al país. Al mismo tiempo, empresas como JPMorgan hablan continuamente de servir a sus clientes. Y no cabe la menor duda de que algunos de esos clientes exigen a gritos acuerdos de inversión dividida.
Según varios negociadores destacados, algunas empresas racionalizan internamente el trabajo en un acuerdo de inversión dividida diciendo que trabajan en favor de la empresa extranjera que será comprada, no para el comprador estadounidense.
Todos con quienes yo hablé en Wall Street sobre acuerdos de inversión dijeron que quisieran que no hubiera ninguna razón para hacer este tipo de acuerdos y que el sistema fiscal de EEUU fuera más competitivo y, por tanto, más atractivo.
Si bien la meta a largo plazo podría ser la restructuración del sistema fiscal de las empresas, el bloqueo político en Washington indica que no es probable que eso ocurra en un futuro cercano. Muy probablemente se requieran impuestos más bajos y cerrar las lagunas, cosa a la que con toda certeza van a combatir las empresas. Y por muy baja que sea la nueva tasa impositiva que se determine, siempre habrá un país que la ofrezca más baja, provocando con esto una triste carrera hacia el cero.
Entre tanto se espera que haya más empresas que dejen EEUU. Y a los bancos de Wall Street se las va a pagar por ayudarlas
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