martes, 17 de marzo de 2015

Carla Rubin de Celis es copropietaria y gerente general de Iret Bolivia

La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y protegerla buscando mantener confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma. Carla Rubin de Celis es copropietaria y gerente general de Iret Bolivia, empresa experta en este campo y protagonista de hoy. Es ingeniera en Sistemas, con una maestría en Administración de Empresas y en su haber tiene cursos específicos en este ámbito.

Desde su punto de vista, ¿Bolivia ha logrado avanzar en proteger la información?
C.R.C.: Se podría decir que sí, sobre todo en el sector privado, donde se ha visto un gran desarrollo en infraestructura especializada, capacitación continua y normativas internacionales aplicadas. Lastimosamente, en el área gubernamental, salvo instituciones muy particulares, no se han visto avances. La burocracia, la falta de personal especializado en el tema, la permanente rotación y otros aspectos, dificultan el avance.

¿Qué nos falta para proteger la informacion?
C.R.C.: Políticas de Estado específicas, reforzamiento en las leyes actuales para prevenir delitos informáticos, infraestructura y recursos humanos especializados. Debería considerarse crear una institución dedicada íntegramente a tecnologías de la información y dentro de ella una específica al área de seguridad de la información.

¿Cómo ve el aumento de hackers bolivianos?
C.R.C.: No tenemos un reporte de que en Bolivia haya un crecimiento de hackers que sea preocupante. En Latinoamérica este fenómeno se da porque las empresas, los gobiernos y las grandes mafias demandan cada vez más a estos "expertos en ataques cibernéticos", ya sea para defenderse, atacar, robar, manipular, por ejemplo.

¿Cuáles son los delitos informáticos que más se cometen?
C.R.C.: Son los relacionados a engaños, estafas, robo de códigos, prostitución, calumnias, fraudes bancarios y pornografía vía internet. Lastimosamente, la Policía boliviana cuenta con menos de ocho personas especializadas para la investigación de estos casos.

¿Por qué hasta la fecha no se tiene una norma que sancione estas acciones?
C.R.C.: Si bien existe la norma, hay un vacío legal sobre los delitos de este tipo. Se aplican las leyes que hay vigentes y se trata de aplicarlas, pero no cumple el objetivo a la hora de sancionar al delincuente.

Últimamente, hackers han dado de baja páginas nacionales, ¿Por qué se da este tipo de ataques con mucha facilidad?
C.R.C.: Somos vulnerables, de hecho estamos entre los cuatro países más vulnerables de ataques cibernéticos. Nuestras instituciones gubernamentales, salvo excepciones, no están preparadas para este tipo de delincuencia, su tecnología se ha, prácticamente, perfeccionado además de haberse organizado.

¿Qué tanto afecta el cibercrimen a Bolivia y a la región latinoamericana?
C.R.C.: En el último congreso que hubo sobre este delito, sorprendió ver las estadísticas de ataques en Latinoamérica. La banca y gobiernos son las víctimas más frecuentes. Los primeros con objetivos económicos y los segundos para robo y manipulación de información confidencial. ç

En el país existen muchos casos de ciberacoso y fraude por internet, ¿cómo se les puede hacer frente?
C.R.C.: Los ciudadanos, en general, no somos conscientes de los peligros que están detrás de la "red". Por ello utilizamos indiscriminadamente las aplicaciones y los dispositivos actuales, sin ningún tipo de restricciones. Nuestros hijos y algunos de nosotros subimos las fotos de la familia al Facebook, nuestra ubicación, videos y otros. Eso es demasiada información y generalmente nadie, antes de utilizar estas redes sociales, se toma la molestia de configurar y revisar las políticas de seguridad. Por ello se debe trabajar en educación y concientización, esto partiendo desde la escuela, que es parte fundamental para enseñarles a los chicos sobre las grandes ventajas de esta nueva era digital, pero sobre todo de los riesgos que trae consigo.

'Las autoridades deben ser quienes den las pautas y las garantías necesarias'

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