En el marco de la Ley de Servicios Financieros, desde diciembre de 2013, rige el crédito regulado al sector productivo que contempla mínimos de cartera para el sector del 25% de su cartera para la banca múltiple, 40% para la banca PyMe (con el DS 4164 se mantiene en 25% para Banca Múltiple, y 30% para Banca PyMe, aunque en ambos casos baja el mínimo total a 50% y 40% respectivamente), también desde julio de 2014, se imponen tasas de interés anuales máximas para el crédito al sector productivo, de 11,5% para la microempresa, 7% para la pequeña y 6% para la mediana y grande; y desde octubre de 2014, se impone a los bancos a constituir los Fondos de Garantía para el sector productivo, a base del 6% de sus utilidades netas a cierre de gestión.
El MAS esperaba que este cuadro regulatorio generaría el ansiado desarrollo sectorial.
Cuando han transcurrido seis años de vigencia de ese cuadro regulatorio urge su revisión. Con información de ASFI, se aprecia que en el periodo previo a la fijación de mínimos de cartera y tasas de interés máximas (2006/2013), el crédito al sector productivo en promedio/año era de $us 2.043 millones que sube a $us 8.178 en el periodo posterior (2014/2019), con una tasa de crecimiento anual de 12% y 24% para los periodos respectivos, y aumentada participación promedio/año de 29% a 40% en los dos periodos respecto al total de la cartera. Empero este resultado debe analizarse detenidamente. Existen al menos tres razones para revisar y ajustar la normativa.
En primer lugar, el incremento de la cartera en el sector productivo no ha generado el desarrollo sectorial esperado en la economía real. En efecto, con datos del INE se establece que entre 2006/2013 la participación del sector productivo en el PIB era de $us 8.080 millones que sube a $us 13.076 en el periodo 2014/2018, con una tasa de crecimiento promedio/anual de 14% y 5% en ambos periodos, y disminuye la participación promedio/año de 51% a 46% respectivamente, reflejando un menor crecimiento y participación en el periodo posregulación del mínimo de cartera.
El incremento de los montos promedio/anual entre los dos periodos es del 62% para el sector productivo, 98% en servicios y 70% en comercio. En segundo término, la regulación del mínimo de cartera ha frenado la inclusión financiera en el país. En efecto, a base del Reporte de Inclusión Financiera de ASFI, se aprecia que entre 2010/2013, el número de nuevos prestatarios tiene como promedio anual 109.361 prestatarios frente a 65.010, que se registra entre 2014/2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 11% en el primer periodo y de 5% en el segundo, mostrando claramente la tendencia de freno.
En tercer lugar, el financiamiento al sector agropecuario significativamente entre 2014 y 2019; este aumento ha implicado una mayor participación del crédito agropecuario en el total de la cartera de los bancos, subiendo esta relación de 5,1% en 2014 a 8,3% en 2019. Sin embargo, no obstante este incremento, el microcrédito agropecuario, destinado a la pequeña producción agropecuaria o agricultura familiar, ha bajado en su participación de 60,5 % en 2014 a 51,5% en 2019, y por el contrario, el crédito agropecuario, destinado a la gran, mediana y pequeña empresa, ha aumentado en su participación de 39,5% en 2014 a 48,5% en 2019. Esto implica que el crecimiento ha favorecido más a la gran y mediana empresa agropecuaria, quedando relegada la pequeña producción agropecuaria, siendo que el cuadro regulatorio estaba destinado a apoyar de manera privilegiada a este sector.
En resumen, se puede concluir: el incremento de la cartera al sector productivo registrado entre 2014/2019 ha tenido muy poca efectividad para generar un incremento en el sector productivo de la economía real, es decir en el comportamiento y aporte de los siete sectores económicos aglutinados como sector productivo dentro del PIB; respecto a la inclusión financiera, ésta ha sido frenada con un descenso del número de nuevos prestatarios integrados como clientes; y, la pérdida de dinamismo en la atención al sector de la pequeña producción campesina con microcrédito agropecuario, y por el contrario el aumento de la cartera agropecuaria destinada a la gran empresa y mediana empresa. A base de estos hechos, la normativa que fija los topes de cartera para el sector productivo debería ser revisada o levantada por su poca efectividad.
Si la colocación de cartera al sector productivo ha respondido a la demanda del sector real, es probable que los niveles registrados se mantengan. En todo caso, a fin de mantener la filosofía de apoyar al sector productivo, podrían adoptarse instrumentos de incentivos y no manteniendo los castigos, premiando metas de colocación para la diversificación productiva, innovación, de preservación del medio ambiente y de desarrollo sostenible.
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