Ha conmocionado las noticias de los últimos días de agosto y mucho más con el anuncio oficial del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, autoridad del Ministerio de Gobierno que tiene por función esencial asegurar el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Durante varios días se han presentando enfrentamientos entre las policía y los cooperativistas que dejaron lamentablemente heridos en ambos lados.
El conflicto se ha presentado entre cooperativas de la actividad minera y el Gobierno por varios motivos que se traducían en un conjunto de pedidos que le hacían al Órgano Ejecutivo los cuales no fueron atendidos de la manera que solicitaban los cooperativistas. El detonante final del conflicto fue la promulgación de la Ley 149 que reconoce a los sindicatos en las organizaciones cooperativas. Además, los cooperativistas mineros pedían que se les permita la asociación con empresas privadas extranjeras. Autoridades de gobierno revelaron que existían 31 contratos suscritos entre cooperativistas mineros y empresas privadas extranjeras que en su mayoría no habrían sido autorizadas por la Corporación Minera de Bolivia.
La esencia de estos preocupantes conflictos radica en lo que el destacado economista peruano Hernando de Soto llamó El Otro Sendero, en su libro escrito en los años 80. Este llamativo título respondía a que en esa época Perú estaba asolado por las guerrillas de Sendero Luminoso, que desde una posición radical de izquierda ofrecían a los peruanos la solución a todos sus problemas socioeconómicos, la superación de la pobreza, la industrialización del país y el otorgamiento de trabajo a todos. Para de Soto había otro sendero que lograría los objetivos citados, que sería formalizar la economía.
El autor destaca que para resolver los problemas de los países subdesarrollados hay que estudiar lo que se denomina economía informal. De Soto encuentra que en esos tiempos ya en Perú la actividad económica informal había alcanzado una gran magnitud en contra de la ley. La economía informal sería la respuesta natural de la gente pobre para generar algunos ingresos que les permita atender sus necesidades básicas, pero que por su naturaleza no era posible que logren superar el problema de la pobreza. La baja capacidad productiva de los países latinoamericanos sería consecuencia precisamente por la enorme magnitud que alcanzó la actividad informal, denominada también "actividad negra, escondida o marginal”.
En el caso de Bolivia, alguna información proveniente ya del año 2009 destaca que el mayor porcentaje de jóvenes en empleo informal alcanzaba el 88 por ciento. Hay que destacar que el trabajo informal no tiene los beneficios de jubilación, no tiene cobertura sanitaria ni derechos laborales. No se cumple con la norma del salario mínimo y menos con la decisión reciente de otorgar un segundo aguinaldo.
¿Por qué se produce esta realidad? Lo primero que hay que señalar es que Bolivia no es un país estricto de Estado de derecho, entendida como el Gobierno de la ley, donde el Presidente del Estado lo que hace es ejecutar lo que dispone la ley, porque se supone que los representantes del pueblo, que componen el órgano legislativo, son los que norman la vida social, y no las negociaciones que se realizan entre el Poder ejecutivo y los grupos sociales de interés.
A principios de 2012 se dio la toma de minas por los "originarios”, comunarios y cooperativistas, aunque legalmente todo el territorio nacional es reserva fiscal. Es conocido el hecho de que la empresa estatal minera de Huanuni se vio obligada a contratar 4.000 cooperativistas para zanjar un grave problema que se había presentado en cuanto a las áreas de explotación.
Un hecho conocido es que las cooperativas no invierten en exploración y su proceso de extracción de los minerales es artesanal y rudimentario.
¿Cuántos cooperativistas mineros hay? En verdad nadie sabe. Se dice que pueden superar las cien mil personas, lo cual sería una gran magnitud de gente y un conflicto con ellos puede ser de insospechadas consecuencias.
Otro problema, que ya es crónico en la minería boliviana, es la continua caída de la calidad de los minerales, lo que en lenguaje minero se conoce como el grado de su pureza. El costo de extraer minerales de alta ley es bajo en comparación a los de baja ley. Se continúa con la explotación de reservas ultra ya explotadas y el reto es encontrar nuevas reservas, lo que implica introducir enormes cantidades de capital y tecnología, lo que Bolivia no posee. Comibol no cuenta con los recursos enormes que se requiere para exploración minera, como también es el caso de los hidrocarburos. Y esto sólo será posible atrayendo inversión extranjera directa, lo cual quieren hacer las cooperativas mineras
Pero no sólo está el problema en las denominadas cooperativistas mineros, sino está presente la informalidad en toda la actividad económica. Como nunca las asociaciones de gremiales salen en marchas de protestas, bastante ruidosas por las calles de la ciudad de La Paz para no pagar impuestos, y para que se les respete sus puestos de venta que los tiene ubicados en cualquier calle que ellos ven por conveniente. Por doquier se ven puestos de comercio de todo tipo y que son informales.
¿Cuál es la solución? Se debe incentivar la creación de empresas formales, con trámites ágiles y sencillos, bajar los impuestos, eliminar los aranceles de importación y el pago del IVA en fronteras. Sólo la creación de empresas privadas garantizará el trabajo formal.
*Profesor emérito de la UMSA y expresidente del Banco Central de Bolivia
5
No hay comentarios:
Publicar un comentario