¿A qué causas atribuye la anulación de los contratos?
En realidad estos contratos no están anulados. Hay una aparente noticia de la nulidad, pero aclaro que este tema aún no pasó por el plenario de la Cámara de Diputados. La anulación se daría siempre y cuando se apruebe una ley en Diputados y Senadores, porque estos contratos fueron aprobados por leyes del Estado Plurinacional. Por lo tanto, siguen vigentes. Aún confiamos en la buena fe del Estado.
¿Es un golpe duro para los inversionistas?
Por supuesto. Es un golpe muy duro. Nosotros llevamos trabajando ocho años en el país. Hemos invertido mucho tiempo, mucho dinero. No es solo un tema de inversión, sino que se priva a Bolivia y a cinco departamentos de convertirse en productores de petróleo y gas, especialmente a regiones no productoras, como La Paz, Beni y Pando, puesto que desde hace ocho años que iniciamos los estudios y descubrimos que hay un gran potencial de producción de petróleo en esas tres regiones.
En algún momento se habló de falta de solvencia económica de su anterior socio (Jindal), ¿cuál es el remplazante en esta sociedad?
Jindal, con sus problemas de Mutún con el Gobierno, se fue del país, pero nosotros entendiendo ese lío conseguimos un remplazante. Tenemos una firma estadounidense-rusa que está dispuesta a invertir en el país. Se requieren 72 millones de dólares. Ellos conocen de estos proyectos y han decidido invertir en Bolivia. Hemos solicitado a YPFB que nos autorice el cambio de socio.
¿Qué riesgos asumen?
Estos contratos son ventajosos para el Estado. Como inversionistas privados asumimos el riesgo en la fase exploratoria un 100%, pero si encontramos hidrocarburos, obligadamente se conforma una sociedad anónima mixta con YPFB, de la cual la estatal tendrá el 60% y nosotros el 40%. Si no encontramos nada, la pérdida es un 100% para nosotros, entonces YPFB no arriesga nada
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